1.
Situación actual
2.
Necesidad
de una política forestal
3.
Contexto legal
4.
Elementos de diagnóstico
5.
De árboles y de aves
6.
Conclusiones
1.
Situación actual
Los
bosques de Chile cubren 15.647.894 has, lo que representa
el 20,8 % del territorio nacional (64),
habiéndose reconocido 46% de los suelos del país con
evidente vocación forestal
(68).
De estas 34 millones de hectáreas de aptitud
exclusivamente forestal, aproximadamente un cuarto
de esta superficie
corresponde a áreas susceptibles de ser manejadas
para la producción de maderas o sus derivados. (55)
 En
los últimos 15 años Chile ha experimentado un fuerte
crecimiento
del sector forestal, que se traduce en aproximadamente
2 millones de hectáreas de plantaciones de especies
exóticas y una superficie creciente de bosques
nativos sometidos a diversos tipos de intervención,
y basado principalmente en el incremento de la tasa
de plantación, hecho que se explica por los incentivos
estatales a la forestación. La industria forestal
chilena, con un avance tecnológico al nivel de los
países
desarollados (68),
juega en la actualidad un papel de gran relevancia
en la economía
nacional, llegando a ser la tercer fuente de ingresos
y aportando más de 10 % de las divisas que ingresan
anualmente al país. (91)
Sin
embargo, el desarrollo forestal del país se ha concentrado
especialmente en el segmento de empresas forestales
y grandes propietarios, mientras que sólo el 4 % de
las plantaciones ha sido llevado a cabo por pequeños
propietarios mediante el uso del subsidio a la forestación.
Los
sistemas de plantación, así como los esquemas de manejo
existentes, se ajustan por lo tanto a plantaciones
masivas de pino (Pino radiata) y eucalyptus
(Eucalyptus globulus) orientadas a la producción
a gran escala. Por
consiguiente, si bien es cierto que este crecimiento
ha llevado al sector de un estado de incertidumbre
y de poca relevancia en la economía a ser una de las
industrias
dominantes del país, este modelo es inadecuado a las
necesidades y/o posibilidades del importante sector
campesino
(138),
y
se cuenta aún con una importante cantidad de terrenos
– más de 3 millones de hectáreas – en vías de degradación
y con marcados índices de marginalidad productiva.
(125)
El
país todavía no cuenta con una política forestal del
Estado que explicite los objetivos de desarrollo para
el conjunto de las actividades en forma coherente.
Hasta ahora, se ha llegado a formular propuestas de
este tipo que no se logró implementar. Así, sólo las
actividades consideradas coyunturalmente prioritarias,
han contado con instrumentos concretos de política
(fomento a las exportaciones, en el ámbito de políticas
globales, y fomento a la reforestación en el ámbito
de políticas sectoriales). (68)
Sin
embargo se registra mejoras en el ámbito de la certificación
forestal (archivo
PDF) y de la
evaluación
de impactos de las actividades forestales.
2.
Necesidad
de una política forestal
3.
Contexto legal
El
desarrollo forestal del país ha estado sustentado
básicamente en 2 cuerpos legales : la Ley
de Bosques del año 1925, modificada en 1931, y
el Decreto Ley de Fomento Forestal de 1974, el primero
con un incipiente componente proteccionista del bosque
nativo y de fomento a la forestación y el segundo
centrado básicamente en el fomento y manejo de las
plantaciones forestales. (125)
Entre
otras medidas, la Ley de Bosques, aún vigente, reguló
la corta de bosques nativos en áreas de protección
y el uso del fuego en terrenos de aptitud preferentemente
forestal. La Ley
de Fomento Forestal impulsó fuertemente el proceso
de forestación en el país y reguló la corta o aprovechamiento
obligando a reforestar una superficie igual, a lo
menos, a la cortada o explotada conforme a un plan
de manejo previamente aprobado por la administración
forestal.
A
estos dos textos de jerarquía legal deben sumarse
algunos instrumentos
internacionales, referidos a la protección y comercio
de la flora y la fauna y sobre conservación de la
diversidad biológica, y una profusa regulación reglamentaria
de protección de especies y áreas silvestres protegidas.
En
1994, después de más de 20 años de la Conferencia
de las Naciones Unidas para la Protección del Patrimonio
Mundial Cultural y Natural (Paris, 1972), y en
respuesta a la Conferencia
sobre Ambiente y Desarrollo (Rio, 1992) y a la
fuerte presión de la comunidad internacional, se aprobó
en Chile, con el carácter de “Ley Marco”, la Ley
sobre Bases Generales del Medio Ambiente que vino
a legislar a nivel nacional, entre
otros, el sector forestal.
El
moderno desarrollo de la legislación forestal se caracteriza
por la creación de diversos instrumentos de gestión
ambiental, entre los cuales la obligación, para los
proyectos de desarollo o explotación forestales de
gran magnitud, de someterse, antes de su ejecución,
al Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
El
Derecho Forestal reconoce cada vez más los múltiples
intereses que intervienen en la ordenación forestal
o que se ven afectados por ella, prestando cada vez
mayor atención a las funciones sociales y ambientales
de los recursos forestales y a su uso y ordenación
sostenible, como también concediendo una importancia
mayor a la participación de una amplia variedad de
actores públicos y privados. (113)
4.
Elementos de diagnóstico
Es
de público conocimiento que la aplicación del D.L.
N°701 ha permitido la sustitución por plantaciones,
principalmente de pino insigne y eucalipto, en más
de 200.000 has de bosque nativo, especialmente de
sus renovales. Por otro lado, el floreo ha sido una
de las prácticas destructivas que más ha influido
en la pérdida de calidad de los bosques lo cual en
muchos casos se ha constituido como la antesala de
la sustitución. (48)
Con
toda evidencia en el rápido crecimiento del sector
no se ha mantenido la armonía necesaria entre medio
ambiente, producción y desarrollo social, y todavía
no se está aprovechando todo el potencial que presenta
el sector para contribuir al desarrollo nacional sustentable.
Las principales críticas formuladas respecto a esa
inadecuación se concentran en : 
El
limitado cumplimiento de las funciones protectoras
de los recursos naturales,
especialmente control de la erosión, manejo de
cuencas hidrográficas y protección de flora y fauna
en los ecosistemas forestales. Se reconoce aquí la
falta de un régimen de manejo de los recursos forestales
que considere adecuadamente sus categorías geográficas
esenciales (ecosistemas, tipos, sitios).
Una
concentración de la propiedad de la tierra, la producción
y la tecnología en un reducido número de empresas
favorecidas por políticas específicas del gobierno
militar pasado (privatización, contrareforma agraria,
subsidios a las plantaciones).
El
empobrecimiento de los “campesinos
forestales” y “temporeños” que se asocia a un
escaso desarrollo de artesanos, microempresarios y
pequeños empresarios forestales, junto a situaciones
críticas en la formación de recursos humanos. En esta
última actividad se denuncia la existencia de situaciones
irracionales relativas a la proporción de centros
de formación de profesionales y de técnicos, así como
la generación de situaciones de “sobreproducción”
de ingenieros forestales con 11 escuelas universitarias
funcionando en el país, más otras cuatro de Ingeniería
en Madera e Industrias de la Madera.
La
expansión del sector casí exclusivamente en dos rubros
exportables : celulosa y madera aserrada, sumándose
ocasionalmente las astillas y recientemente la remanufactura.
Deficiencias
estructurales en aspectos jurídicos (ver
detalle) e institucionales, especialmente sobre
la capacidad y jerarquía de liderazgo sectorial dentro
del aparato del Estado para representar adecuadamente
los intereses del sector forestal en el ámbito del
sistema de toma de decisiones de los organismos públicos.
Hasta ahora, las instituciones forestales del Estado
no han alcanzado la jerarquía institucional como organismo
público y como “interlocutor válido” en el concierto
de las demás instituciones forestales del país. Existe
la Ley N°18.348 de 1984 que crea la Corporación Nacional
Forestal y de Protección de los Recursos Naturales
Forestales pero aún no entra en vigencia.
La
inseguridad de las condiciones laborales, la precariedad
del empleo y la mezquindad del salario, que califican
al sector entre los peores dentro de las actividades
productivas del país.
Un
insuficiente respeto de la legislación forestal y
la falta de participación y compromiso de un importante
sector de propietarios de terrenos forestales en materias
de protección forestal, especialmente en lo que dice
relación con los incendios
forestales. (68),
(125)
5.
De árboles y de aves
No
obstante la importancia del sector forestal, el impacto
de la actividad forestal sobre la composición, estructura
y funcionamiento de las comunidades de fauna, y particularmente
de aves, ha sido escasamente evaluado en el país.
Sin
lugar a dudas la sustitución de la vegetación natural
por plantaciones forestales modifica notablemente
la calidad del hábitat para las aves. Esta alteración,
expresada por una importante simplificación de la
estructura y composición del bosque genera en la mayoría
de los casos una reducción de la riqueza de la avifauna,
consecuencia directa de la reducción de la diversidad
de recursos tróficos y de un aumento en la variabilidad
estacional de la oferta de alimentos. Este efecto
se expresa a través de una modificación de las condiciones
físicas y biológicas del hábitat representados principalmente
por la estructura vertical y horizontal del follaje
y por su composición florística.
En
el entendido que el uso de los bosques necesariamente
implica una alteración de sus condiciones naturales,
las comunidades de aves que habitan siempre se ven
amenazadas por las actividades de explotación.
Si
no es posible llevar a cabo un manejo de tipo extractivo
sin modificar en algún grado las características del
hábitat, la conservación de las comunidades de aves
(definidas como conjuntos de distintas especies interrelacionadas)
solo puede efectuarse en zonas no intervenidas, como
Parques Nacionales o Monumentos Naturales. Sin
embargo, mediante un manejo adecuado, se considera
que los bosques productivos (en particular los bosques
nativos) podrían contribuir de forma importante
a la conservación de especies o grupos de especies,
volviéndose complementarios al Sistema
Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado
(SNASPE), ofreciendo áreas de alimentación y descanso
para especies migratorias, extendiendo áreas de caza
para grandes predadores, o favoreciendo el desarrollo
de especies con problemas de conservación. (91)
6.
Conclusiones
Todos
estos aspectos componen una trama de restricciones
a la contribución sectorial al desarrollo nacional
sostenible,
que al no superarse, constituyen un impedimento real
para mantener y mejorar el ritmo de desarrollo sectorial.
Por
un lado, se observa que el sector forestal chileno
adolece gravemente de una desarticulación interna
entre sus diversas actividades, que se ha venido manifestando
claramente en desajustes históricos entre oferta y
demanda de materia prima de plantaciones. Esta desarticulación
se registra igualmente en las relaciones con los demás
sectores económicos.
 El
carácter transnacional, monopsónico y altamente tecnificado
del sector, se manifiesta en una suerte de enclave
económico en las estructuras productivas de su entorno
territorial, reflejando mayor afinidad con polos externos
del negocio forestal que con el desarrollo comunal
o regional. El segmento opuesto, está conformado por
decenas de miles de campesinos, medianos propietarios
(o agricultores tradicionales) artesanos y microempresarios
de la madera, los cuales hasta ahora, sólo logran
beneficiarse muy marginalmente con las políticas sectoriales
de fomento, en comparación con el sector moderno.
El recurso humano, el capital de trabajo y las tierras
forestales disponibles, ubicados en el “segmento postergado”
del sector, representan un potencial productivo considerable
que es desaprovechado por la economía sectorial.
Por
otro lado, se desaprovecha una enorme proporción del
potencial forestal, alcanzando las tierras clasificadas
como forestales unos 34 millones de hectáreas, cuando
los bosques dentro de ellas cubren solamente 15,6
millones de hectáreas. Descontando 3,9 millones de
hectáreas del SNASPE, se observa que quedan 11,7 millones
de hectáreas de bosque para manejar, y unas 18,4 millones
de hectáreas de tierras forestales a incorporarse
al régimen forestal. (68)
Recomendaciones
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