En Chile, las áreas silvestres que cuentan con una protección legal cuyo objetivo primordial es la conservación del Patrimonio Natural están representadas principalmente por los Parques Nacionales, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales del Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), dependiente de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) ; por los Santuarios de la Naturaleza establecidos por el Consejo de Monumentos Nacionales y por los Parques y Reservas Marinas dependientes del Servicio Nacional de Pesca (SERNA-PESCA).

Otros instrumentos legales que pueden apoyar la conservación y protección de áreas naturales han sido definidos para situaciones específicas y no necesariamente centrados en la conservación de la biodiversidad. Tal es el caso por ejemplo, de los distritos de conservación de suelos, bosques y aguas que se han definido para evitar la erosión o recuperar terrenos erosionados, los lugares de interés histórico o científico que define el Código de Minería, o las áreas de protección turística, entre otros. (49)

1. Historia de la creación del SNASPE

2. La Corporación Nacional Forestal (CONAF)

3. Base legal y financiamiento

4. Criterios de selección de las áreas protegidas

5. Poblaciónes indígenas en las áreas protegidas

6. Diagnóstico del SNASPE

7. Diagnóstico de la CONAF

8. Sitios prioritarios para la conservación

1.     Historia de la creación del SNASPE      

La Ley Forestal de 1872 constituyó la primera expresión jurídica orientada a la aplicación del concepto de áreas dedicadas a la protección de la diversidad biológica y el patrimonio natural en el país, sustrayéndolas del proceso generalizado de explotación destructiva que era común en aquella época.

A pesar de la existencia de ese instrumento jurídico, debieron pasar 35 años antes de que se creara, en 1907, la Reserva Forestal “Malleco”, considerada la primera Area Silvestre Protegida de Chile. Esa zona de la provincia de Malleco cumplió los requisitos esenciales para ser considerada como tal : tenía límites legalmente definidos, funcionarios encargados de su administración y un equipo de personal en terreno, responsable de hacer realdad las disposiciones de protección contempladas en la legislación, que de otro modo hubiesen sido letra muerta, como muchas otras adoptadas desde el período colonial.

Este primer paso hacia la conservación de muestras del patrimonio natural chileno fue seguido en 1912 por la creación de las Reservas Forestales “Villarrica”, “Alto Bío-Bío” y “Llanquihue”.

En 1925 es promulgada la Ley de Bosques y basados en ella, se crea el primer Parque Nacional con el nombre de “Benjamín Vicuña Mackenna”, de corta duración ya que fue desafectado 4 años más tarde. El primer Parque Nacional que perdura hasta la actualidad se crea en 1926 : el “Parque Nacional Vicente Pérez Rosales”, el más antiguo al nivel nacional y la tercera área protegida más antigua de América Latina, con una superficie inicial de 135.000 has.

En 1935 la creación de Parques Nacionales llegó hasta la isla de Pascua y el Archipiélago de Juan Fernández, extendiéndose a todos los ambientes del país, incluidos los archipiélagos australes, la zona de clima mediterráneo, el desierto nortino y las alturas andinas, al mismo tiempo que de declaran 7 nuevas Reservas Forestales.

Entre los años 1945 y 1957 decae sensiblemente la creación de nuevas unidades, con sólo 4 Parques Nacionales y 2 Reservas Forestales. Posteriormente, entre los años 1958 y 1969 se produce una gran actividad con la creación de 24 Parques Nacionales y 22 Reservas Forestales.

Si bien hasta los años 60 diversos organismos interactuaron en la creación de las áreas protegidas del país, la ratificación de la Convención de Washington en 1967, y la creación de la CONAF en 1974, dieron inicio a un profundo proceso de ordenación y ajustes. Desde 1970 a la fecha se pueden distinguir 2 procesos, uno de creación de nuevas unidades y otro de reclasificación, desafectación y fusión de unidades, existiendo en la actualidad 48 Reservas Nacionales, 32 Parques Nacionales y 13 Monumentos Naturales que  cubren una superficie total de 14,5 millones de hectáreas (el 19 % de la extensión de Chile continental). (25), (51), (94)  

2.  La Corporación Nacional Forestal (CONAF)

3. Base legal y financiamiento

Las principales disposiciones legales relativas a la creación, tuición y administración del denominado Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado están incluídas en los siguientes textos :

a)  Ley de Bosques, Decreto N°4.363 de 1931 del Ministerio de Tierras y Colonización.

b)  Convención de Washington, Decreto Supremo N°531 de 1967 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

c)  Decreto Ley N°1.939 de 1977.

d)  Ley N°18.362 de 1984, que crea el Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado. (Regirá al entrar en vigencia la Ley 18.348 que crea la Corporación Nacional Forestal y de Protección de los Recursos Naturales Renovables).

e)  Ley N°18.768 de 1988, art. 85°. (52)

El financiamiento de la administración del SNASPE corresponde fundamentalmente al Estado. A pesar de ello, el presupuesto asignado a la CONAF no permite un óptimo desempeño en sus labores, observándose carencias en los recursos humanos, materiales y en la infraestructura. Por otro lado, el desarrollo económico alcanzado por el país, ha prácticamente impedido su acceso a fondos externos, como canje de deuda por naturaleza. Por ello para el futuro se prevé que se mantendrá como única fuente permanente de financiamiento, los recursos provenientes del Estado. (94)

4. Criterios de selección de las áreas protegidas

5. Poblaciones asentadas en las áreas protegidas  

El SNASPE denombra 7 Parques Nacionales, 7 Reservas Nacionales, 2 Monumentos Naturales, más un Parque Nacional y una Reserva Nacional en proceso formal de creación que registran asentamientos humanos internos o aledaños, lo que involucra a un 10,93 % de la superficie del Sistema actual  (1.585.436 has). (71)

En el año 2000 la población total estimada relacionada con áreas protegidas era de aproximadamente 17.000 habitantes, distribuida en las diferentes categorías de la manera siguiente :

    Presencia indígena por categoría de manejo

*Unidades en proceso de creación cuya concreción se encuentra supeditada a los acuerdos que puedan establecerse con comunidades indígenas, el Ministerio de Bienes Nacionales, CONADI y CONAF.

6. Diagnóstico del SNASPE

  Si bien existe un 19 % del territorio nacional bajo regimen de protección, debe considerarse que un tercio de este procentaje corresponde a zonas de altas cumbres, glaciares u otras zonas desprovistas de vegetación. Existe una sub-representación de los ecosistemas de bosques templados, en los cuales, desde el punto de vista de los endemismos de géneros y especies vegetales se encuentra la mayor biodiversidad del país (49). Otros sectores subrepresentados son el desierto y las zonas áridas. (25)

  Debido a su insuficiente representatividad ecológica y distribución territorial, diversos estudios estiman que la superficie que abarca el SNASPE debería aumentar en alrededor de un 15 %.

  El principal déficit de cobertura del Sistema se concentra en las zonas norte y central, ya que la mayor concentración de áreas protegidas se encuentra en las XI y XII regiones con 23 áreas y una superficie de 9.759.424 ha correspondiente al 69 % de la superficie protegida del SNASPE. En términos de superficie, del total de 92 áreas protegidas, las 69 áreas restantes del SNASPE que se encuentran en otras regiones del país representan sólo poco más de 4 millones de hectáreas.

  Existe una importante disparidad en la distribución del número de unidades del SNASPE y de su superficie en la zona del bosque templado (VI a XII regiones). Precisamente en las regiones centrales (VI a VIII), que son las que presentan menos unidades, existe la mayor biodiversidad del país (ver Tabla) Esta situación está dada básicamente por 2 razones : la escasez de terrenos fiscales y el grave deterioro de los pocos remanentes de los ecosistemas de las regiones centrales, que es donde se concentra la mayor proporción de la población humana. (25)

  Considerando los grupos mejor conocidos, se observa que el 61 % de las aves, el 68 % de los mamíferos y el 90 % de los árboles y arbustos que se han descrito hasta hoy están bajo protección en alguna unidad del sistema. Sin embargo, esta realidad tiene limitantes serias en cuanto a proteger aquellas especies que más lo requieren como son aquellas con problemas de conservación : sólo están representadas en el sistema alrededor de un 50 % de las especies con problemas. Es interesante hacer notar que las especies en peligro y las especies raras son las menos representadas con porcentajes menores de un 40 %.

  Sobre las 93 unidades del SNASPE existentes, en 1999 todavía sólo 43 cuentaban con Plan de Manejo en 1999, correspondiente al 47 % del Sistema. A esto debe agregarse el escaso conocimiento de la diversidad biológica en las áreas silvestres protegidas.

  El financiamiento que el Estado destina a las áreas silvestres protegidas es muy insuficiente. Este ha sido históricamente insuficiente para un buen manejo y administración de las mismas. Las actividades que realiza el SNASPE dependen fundamentalmente de fondos fiscales, de los cuales un 65 % va al personal, un 19 % a bienes y servicios y un 16 % a las inversiones.

  Desde el punto de vista de la administración de las unidades, aunque algunas de ellas cuentan con la cantidad de personal necesario para una adecuada gestión, otras carecen de personal, muchas veces en forma total. Algunas unidades cuentan con un mínimo de personal que alcanza sólo para atender las necesidades básicas, atender al público y muchas veces a dar protección sólo a un sector de la unidad. De las 93 unidades del SNASPE, sólo 64 cuentan con personal permanente. Se cuenta además con el problema de deserción de guardaparques.

  El Codigo Minero, en su artículo 17, permite la exploración y explotación minera en las áreas protegidas y el Código de Aguas, la transacción de las aguas en forma separada a las tierras. Asimiso grandes proyectos de infraestructura como centrales hidroeléctricas, tendidos de alta tensión, oleoductos, gasoductos y caminos son autorizados dentro de áreas protegidas y en sus zonas de influencia, a pesar de la aplicación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

  En gran parte debido al número limitado de guardaparques en las áreas protegidas, la falta de educación de las comunidades locales y la carencia de financiamiento para fiscalización y control, se presentan problemas de degradación y destrucción por tala, pastoreo y recolección de leña ilegal, caza furtiva, introducción de especies exóticas, incendios, y contaminación por desechos sólidos.

  Muchas unidades cuentan con la presencia de propiedades privadas y de ocupantes ilegales dentro de su territorio, cuyas actividades interfieren negativamente en su conservación. Datos de 1989 señalan la existencia de aproximadamente 272 predios privados que abarcaban 484.653 has y 303 predios de ocupantes ilegales que correspondían a 202.648 has, lo que dejaba un 5 % de las áreas protegidas del Estado en manos privadas. (49)

  Por ende, quizás el mayor problema de manejo que enfrentan las áreas protegidas de Chile se relaciona con el tema indígena, ignorado durante mucho tiempo, y que se presenta hoy en día con una serie de problemas de carácter tanto local como institucional.

7. Diagnóstico de la CONAF

8. Sitios prioritarios para la conservación