En 1995 la cobertura boscosa del país se estimaba en los 48 millones de hectáreas, correspondiendo el 37 % al departamento de Santa Cruz, el 22 % al Beni y el 13 % al departamento de La Paz. (181) 

Mapa y base de datos de la FAO

1. El nuevo régimen forestal

2. Diagnóstico

3. Problemas estructurales del sector

1. El nuevo régimen forestal

Mediante el anterior régimen forestal, el Estado había otorgado a 185 empresas de explotación maderera 20.776.041 has en permisos de extracción forestal, que por entonces correspondía al 37 % del área cubierta con bosques, situadas principalmente en los departamentos de Santa Cruz (72 %), Beni (16 %) y La Paz (10 %). Posteriormente con la implementacón de la Nueva Ley Forestal en 1996, esta extensión se redujo a 5.800.000 has, otorgándose 88 concesiones a empresas madereras por el período de 40 años, es decir 25 % de la superficie inicial, habiendo sido devuelto al estado el 75 % restante. De esta superficie concedida 4.580.000 has son consideradas como superficie útil para la explotación forestal. Estas últimas concesiones fueron efectuadas por la Superintendencia Forestal, bajo los artículos 43, 44 y 45 de la Ley. Según los empresarios esta reducción se debe, básicamente, al elevado valor de la nueva patente forestal y las mayores exigencias técnicas para el manejo del recurso. (173 a)

Estadísticas forestales básicas en Bolivia (junio 99)

2. Diagnóstico

Los principales actores del nuevo Régimen Forestal son las empresas concesionarias, las Agrupaciones Sociales del Lugar (ASLs), las Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) y los propietarios privados. (181)

La Nueva Ley Forestal exije que las empresas madereras manejen los recursos de su concesión con Planes de Manejo Forestal, método que normalmente conduce a obtener un rendimiento más eficiente. Al mismo tiempo respalda medidas para preservar los recursos madereros del país y garantizar la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y el medio ambiente. Una de las herramientas de la Ley Forestal de 1996 es el ordenamiento territorial dentro de los Proyectos PLUS (Planes de Usos del Suelo), que persigue el uso sostenible de los diferentes suelos. También establece por concepto de patente del aprovechamiento forestal un monto mínimo anual de un dólar por hectárea. (173 a)

Desde la promulgación de la nueva Ley las actividades de la Superintendencia Forestal (70) se han centrado en rectificar las áreas otorgadas en concesión en gestiones anteriores, evaluar y aprobar Planes Generales de Manejo Forestal para concesiones, propietarios privados y TCOs y autorizar desmontes. Las acciones inmediatas consideradas estratégicas por esta entidad son, la consolidación de los 6 millones de hectáreas otorgadas bajo concesión, licitar otras 3,5 millones de hectáreas a empresas, otorgar 1,5 millones de hectáreas a ASLs, incorporar 5 millones de hectáreas de TCOs y 0,5 millones de hectáreas de propiedad privada al manejo sostenible, incentivar un mercado de derechos forestales transparente y promover una cultura forestal valorizada del bosque. (181)

Sin embargo, las reformas en la legislación forestal y el proceso de participación popular recientemente impulsado por el Estado han tenido resultados muy diversos en las Tierras Bajas según las características de cada municipio. En ciertos casos han abierto nuevas oportunidades para algunos grupos tradicionalmente marginados del sistema político local, como los pueblos indígenas, pequeños productores campesinos y productores locales de madera, pero se consta que estos grupos no siempre han logrado aprovechar esas oportunidades, o el nuevo contexto institucional no lo ha permitido (debilidades). En los casos donde estos grupos se han organizado de manera efectiva, las élites locales han consolidado su poder. En general, los mayores perdedores parecen haber sido los grupos de élite que residen fuera del municipio, como los empresarios madereros, dueños de aserraderos y grandes ganaderos, aunque sigan ejerciendo una influencia decisiva en muchos otros municipios.

En los municipios donde se han reforzado las élites locales (grupos de madereros, medianos propietarios agrarios, dueños de aserraderos, propietarios de hoteles y restaurantes y otros profesionales que residen en las capitales municipales), éstas usualmente se han mostrado renuentes a permitir una mayor participación en el acceso a los recursos forestales por parte de grupos marginales, como indígenas y pequeños colonos. (205)

3. Problemas estructurales del sector

A pesar de las reformas, la actividad forestal en el país se ve seriamente afectada por las limitaciones siguientes :

  Ausencia de decisiones políticas a nivel regional sobre el manejo de los recursos forestales ;

  Capacitación insuficiente de los recursos humanos para implementar el desarrollo sostenible ;

  Estructura débil de las entidades sectoriales ;

  Ilegal penetración de extranjeros en las fronteras ;

  Falta de investigaciones integradas sobre identificación, clasificación taxonómica y cuantificación de los recursos forestales ;

 No se cuenta con un inventario forestal integral para la implementación de políticas y estrategias correctas ;

  La actividad forestal se convierte en ilegal por falta de control, seguimiento, fiscalización y recaudaciones adecuadas, debido a a falta de estructuras eficientes ;

  No se toman en cuenta en la formulación de políticas y estrategias regionales a los indígenas, extractivistas y colonos que son la piedra angular para la implementación del desarrollo sostenible. (208)

Recomendaciones

Ordenamiento territorial de Bolivia

Informe Forestal en línea